Napoleón tritura a Hobsbawm

I. El dogma constructivista en la historiografía actual

La historiografía tradicional afirmaba que el concepto de Estado-nación había nacido como consecuencia de la Paz de Westfalia (1648). No obstante, si ahora mismo hacemos una búsqueda en internet acerca de este tópico, nos encontraremos con que el materialismo constructivista de Eric Hobsbawm parece haberse impuesto como si no existiera ninguna otra teoría posible. El Estado-nación, se nos dice desde la academia contemporánea, no va más allá de finales del siglo XVIII, haciéndolo coincidir con la aparición de las cartas magnas y, por tanto, con el Estado de derecho moderno.

Hobsbawm, responsable del concepto que se nos trata de imponer actualmente, defiende que la «nación» es un invento artificial de la burguesía industrial para controlar los mercados y distraer a la clase obrera del capitalismo. Obviamente, se trata de una burguesía industrial que no existirá prácticamente hasta finales del mismo siglo XVIII. Para esta corriente, la nación moderna no es el resultado orgánico de una cultura antigua que madura y florece, sino un artefacto artificial creado desde arriba por el Estado decimonónico mediante la ingeniería social y la asimilación cultural forzosa. Sin embargo, la realidad histórica es tozuda, y la historiografía materialista de Hobsbawm se estrella contra las pruebas documentales e institucionales que nos muestran una secuencia evolutiva de la soberanía mucho más rica, compleja y antigua.

II. Estados antiguos y medievales: de las fronteras flotantes a la aglutinación territorial

Para comprender el verdadero origen del Estado-nación es imperativo desarmar la linealidad marxista y analizar las etapas de la organización política en Occidente. En la Antigüedad y la Alta Edad Media encontramos los Estados antiguos (reinos, imperios, repúblicas), caracterizados por administrar territorios con fronteras flotantes y difícilmente defendibles. El poder se ejercía sobre núcleos de población o vínculos de fidelidad personal, no sobre líneas continuas en un mapa; por ello, siempre podían existir dentro de su soberanía enclaves independientes o pertenecientes a otros estados, tal como les ocurría a los visigodos con la provincia bizantina de Spania o a la propia ciudad de Roma durante la época ostrogoda.

En este contexto antiguo, los romanos ya distinguían nítidamente entre «nación» y «ciudadanía». Bajo su aparato de Estado, la res publica, Roma integraba y subyugaba a diferentes naciones (nationes), de donde podemos extraer una enseñanza jurídica fundamental. Tenemos un ejemplo terminológico en lo que escribe el arquitecto de Julio César, Vitruvio (siglo I a. C.):

«Haec autem ex iis, quae supra scriptae sunt, originibus instituta esse possumus sic animadvertere, quod ad hunc diem nationibus exteris ex his rebus aedificia constituuntur, uti Gallia, Hispania, Lusitania, Aquitania scandulis robusteis aut stramentis». [Que todas estas cosas hayan tenido el origen referido, lo podemos deducir de que aun en el dia de hoy las naciones extranjeras hacen sus habitaciones de dichos materiales, como en la Galia, España, Lusitania y Aquitania, donde las cubren con tablitas de roble o con paja].

Roma demostró que se podía articular un orden estatal gigantesco y gobernar la diversidad nacional sin requerir un mercado industrial burgués. La ciudadanía (civitas) era un estatus legal superpuesto, una capa de derechos que se otorgaba a los individuos diferenciándola de su etnia o procedencia geográfica.

Es evidente que este proceso estuvo acompañado por una profunda unificación cultural sobre las naciones gobernadas, pero esta se ejecutó precisamente a través de los mecanismos de poder del Estado antiguo, desarmando la cronología constructivista. La romanización cultural, como la adopción del latín y la asimilación religiosa del paganismo institucional, comenzó siglos antes de que se otorgara la ciudadanía masiva. Fue la administración estatal, mediante sus legiones, sus gobernantes provinciales, sus redes comerciales y sus calzadas, la que fue limando las diferencias de las distintas naciones conquistadas. La posterior concesión de la ciudadanía por parte de Vespasiano (74 d. C.) o Caracalla (212 d. C.), y la definitiva unificación espiritual con el cristianismo oficial tras el Edicto de Tesalónica (380 d. C.), no fueron el punto de partida, sino el broche de oro institucional a una homogeneización cultural dirigida desde el poder político. Roma demuestra, por tanto, que el Estado tiene la capacidad de unificar la lengua y la fe de múltiples naciones por pura lógica de dominación y administración, mucho antes de la aparición del capitalismo contemporáneo.

Posteriormente, los Estados medievales comenzaron a competir unos con otros para reunir un territorio mayor que el que dominaban. El motor de su política era la aglutinación territorial basada en una idea de legitimidad superior. En la península ibérica, por ejemplo, los distintos reinos competían y pactaban por reunir toda España, una realidad histórica y geográfica que ya tenían en mente a través de la idea de la Recuperatio Hispaniae. En este periodo, cuando un Estado conquistaba a otro, no respetaba las leyes del vencido y le obligaba a asumir las suyas propias, buscando una asimilación directa (como hizo el reino de Portugal al absorber e incorporar uniformemente el Algarve en el siglo XIII).

Es en este ambiente medieval donde florece el sentimiento de pertenencia, como demuestra la paradigmática arenga de Alfonso VIII previa a la batalla de las Navas de Tolosa (16 de julio de 1212), recogida en la Estoria de España de Alfonso X el Sabio, escrita sólo unos pocos decenios después, dentro del mismo siglo XIII:

«...desque los sus naturales ouo el rey don Alfonsso puesto en recabdo desta guisa, apartosse otro dia con los de Aragon et portogaleses et gallegos et asturianos essos que y unieron, et dixoles assi el rey don Alffonsso: “amigos, todos nos somos espannoles et entraronnos los moros la tierra por fuerça et conquirieronnosla…”».

Por encima de los diferentes reinos medievales, los habitantes del siglo XIII ya se reconocían unidos por una realidad identitaria que abarcaba más allá de los límites de sus propios estados. Si aplicamos la teoría de Hobsbawm a las Navas de Tolosa, este discurso se vuelve inexplicable: en 1212 no debería existir el concepto de «españoles» uniendo a gentes de distintas regiones, porque faltaban seiscientos años para la Revolución Industrial y las escuelas públicas.

III. El Estado moderno y el giro hacia el Estado-nación: Westfalia, religión y lengua

Con la llegada de los Reyes Católicos se acaba la Edad Media y nace el Estado moderno. Al igual que los reinos medievales, el Estado moderno conquista o absorbe a otros estados mediante alianzas y guerras, pero introduce una novedad organizativa: su cabeza común (la Corona) respeta los fueros, cortes y leyes particulares de los estados absorbidos, articulando una Monarquía Compuesta donde los territorios conviven bajo un mismo rey pero con ordenamientos jurídicos independientes.

Sin embargo, esta fragmentación interna resultaba ineficiente ante los desafíos geopolíticos. El Estado-nación surge precisamente a mediados del siglo XVII como consecuencia de la Paz de Westfalia (1648). Los gobernantes se dan cuenta de que las desigualdades y asimetrías de leyes entre los antiguos reinos que conforman los estados modernos son las responsables de las disensiones entre los súbditos y de las dificultades para defender el territorio. Para evitar los conflictos recurrentes, los gobernantes tratan de aglutinar una sola nación bajo un solo Estado, procediendo a delimitar fronteras fijas, lineales e impermeables, y tendiendo a hacer desaparecer los fueros locales en pos de la centralización. La culminación de este proceso homogeneizador en España, un siglo antes de la Revolución Francesa, serán los Decretos de Nueva Planta (1707-1716) de Felipe V.

En este surgimiento del Estado-nación en torno a Westfalia, la religión opera al principio como el gran aglutinante cultural que delimita la nación. Bajo el lema Cuius regio, eius religio («De quien es la región, de él es la religión»), la frontera política del Estado se convierte en una aduana espiritual y cultural obligatoria. Los súbditos ya no solo obedecen al soberano por razones fiscales, sino que comparten con él una misma confesión que los diferencia radicalmente del extranjero.

Este aglutinante religioso fue el que disparó la unificación lingüística, destruyendo la tesis de que la lengua nacional es un invento burgués industrial. En el siglo XVI, la traducción de la Biblia al alemán vulgar realizada por Martín Lutero estandarizó la sintaxis y la ortografía de un mosaico caótico de dialectos, creando el alemán moderno (Hochdeutsch). La imprenta y la necesidad teológica de leer la palabra de Dios crearon una «nación de lectores» y una identidad cultural cohesionada siglos antes de la aparición de las fábricas o de la unificación política de Alemania. Las motivaciones eran visiblemente estatales y espirituales, no necesariamente atribuibles al mercado.

Esta asimilación de la nación al orden gubernamental ya era plenamente consciente en el siglo XVII. Prueba de ello es que el Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias (1611) define la voz «nación» de la siguiente manera:

«Vale Reyno, o Provincia estendida, como la nacion Española».

Covarrubias no apela a un mero folclore étnico o biológico, sino que utiliza los términos político-institucionales de «Reyno» y «Provincia». En el Siglo de Oro, en el imaginario español, la nación ya se entendía y se definía a través del prisma de la organización gubernamental y el territorio político del Estado.

IV. Napoleón Bonaparte y la falacia del motor económico

Napoleón surge en la Edad Contemporánea, y las pistas documentales que él mismo nos deja en sus cartas de gobierno y en el Memorial de Santa Elena refuerzan la apreciación del error de las tesis de Hobsbawm.

«Mi sistema es bastante simple», nos dice. «Me ha parecido que, dadas las circunstancias, lo que había que hacer era centralizar el poder e incrementar la autoridad del Gobierno, para así constituir a la Nación. Yo soy el poder constituyente».

Para Napoleón, el Estado era el motor activo y la nación era el producto resultante de esa administración. Al afirmar que debe aumentar la autoridad del Gobierno «para así constituir a la Nación», reconoce explícitamente la existencia previa de un «hecho cultural» heterogéneo que debe ser transformado mediante las herramientas del Estado (el Código Civil, la centralización y la abolición del feudalismo). Napoleón confesó en su exilio que su plan último era la concentración de los pueblos geográficos de Europa: «Quería hacer de cada uno de estos pueblos un solo y mismo cuerpo de nación».

Esta postura desarma el reduccionismo económico marxista. La obsesión de Napoleón por vertebrar naciones mediante el Estado no respondía a los intereses económicos de una «casta burguesa» fabril que en la Francia de 1804 apenas existía. Su motivación era puramente ilustrada, geopolítica, racionalista y de orden estatal. Creía en la eficiencia administrativa de la razón de Estado por encima de todo. Hobsbawm introduce a la fuerza el motor económico en su lecho de Procusto, ignorando que la maquinaria unificadora napoleónica operaba por ambición de poder y orden racional, no por necesidades de mercado.

V. Conclusión: El surgimiento del Estado de Derecho

El gran error de la historiografía constructivista moderna radica en una profunda confusión conceptual entre el surgimiento de la nación y el advenimiento del Estado de Derecho.

La aparición de este último es lo que, en realidad, merced a Hobsbawm, muchos confunden hoy con el nacimiento de la «nación» a finales del siglo XVIII. El Estado de Derecho no es más que el «Estado-nación» edificado, centralizado y homogeneizado previamente por el absolutismo del siglo XVII y principios del XVIII, que ahora asume y respeta los derechos fundamentales de las personas y la soberanía popular, supuestamente defendidos por la Revolución Francesa. El Estado-nación ya existía antes. Lo que cambia en 1789, es quién ejerce la soberanía.

La Revolución no inventó la nación ni la centralización territorial, sino que tomó la maquinaria estatal e institucional que los reyes absolutos ya habían unificado en torno a una ley, una frontera y un aglutinante cultural, y la democratizó. Al vincular erróneamente la existencia de la nación a la Revolución Industrial y al capitalismo, el materialismo moderno ha ignorado que la articulación política de la nación y la disociación entre ciudadanía y etnia son dinámicas institucionales que jalonan la historia de Occidente desde la Antigüedad romana.